El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha zanjado, en sentencia de 16 de julio de 2025, uno de los debates más recurrentes del derecho del trabajo español de los últimos años: si un juez puede elevar, caso por caso, la indemnización por despido improcedente por encima de la cuantía tasada que fija el Estatuto de los Trabajadores. La respuesta del Alto Tribunal es no, y la relevancia práctica de este criterio sigue plenamente vigente para los procedimientos que se resuelven en 2026.

Qué había detrás de la discusión

Desde hace años, una parte de la doctrina social defendía que la indemnización legal española podía resultar insuficiente en determinados casos y que, apoyándose en el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Carta Social Europea —que hablan de una "indemnización adecuada"—, los tribunales podían reconocer cantidades adicionales atendiendo a las circunstancias concretas de cada trabajador despedido. Algunos juzgados de lo social llegaron a aplicar ese criterio, generando una notable inseguridad jurídica sobre cuánto podía llegar a costar un despido declarado improcedente.

Qué ha resuelto el Supremo

El Tribunal Supremo ha establecido que esas referencias internacionales a una "indemnización adecuada" son demasiado imprecisas como para aplicarse de forma directa por un juez español, y que la fórmula legal vigente —33 días de salario por año trabajado en los contratos posteriores a la reforma de 2012, con los límites correspondientes— ya cumple con las exigencias de una compensación adecuada. El Supremo subraya además que este criterio tasado garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de trato entre trabajadores, frente al riesgo de que la indemnización dependiera del criterio de cada juzgado. El Alto Tribunal también rechaza el efecto vinculante de las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, al no tratarse de un órgano jurisdiccional cuyas decisiones sean ejecutables.

Qué supone en la práctica

Para las empresas, este criterio aporta previsibilidad: el coste de un despido improcedente puede calcularse con certeza desde el primer momento, sin el riesgo de "sorpresas" al alza en sede judicial. Para los trabajadores, en cambio, supone que la vía de reclamar una compensación superior por circunstancias personales o profesionales concretas queda, con carácter general, cerrada por esta vía. Esto no impide, en todo caso, valorar otras acciones compatibles cuando el despido vaya acompañado de vulneración de derechos fundamentales, acoso o discriminación, supuestos en los que la indemnización se rige por reglas distintas.

Si a usted le han despedido o es una empresa que necesita valorar el coste real de una extinción de contrato, en Salvador & Warden podemos analizar su caso concreto y explicarle, con cifras claras, qué escenarios son aplicables.

El Real Decreto 316/2026, en vigor desde el 16 de abril de 2026, ha introducido varias modificaciones relevantes en el Reglamento de Extranjería que afectan tanto a familiares de ciudadanos españoles como a personas en situación irregular que buscan regularizar su estancia. Repasamos los cambios más importantes y qué implicaciones prácticas tienen.

Reagrupación familiar: nuevos supuestos

La reforma amplía la posibilidad de solicitar autorización de residencia temporal como familiar de español a dos colectivos que antes quedaban en una situación más limitada: los hijos e hijas menores de 26 años y los ascendientes en primer grado (padres o suegros) de ciudadanos españoles. Esto facilita la reagrupación de familias en las que, hasta ahora, algunos miembros no encajaban con claridad en los supuestos previstos.

Cambios en el arraigo

Se introduce un requisito general nuevo para todas las modalidades de arraigo: no ser titular de una autorización de estancia o residencia vigente en el momento de la solicitud. Al mismo tiempo, el arraigo social se flexibiliza: los informes de integración podrán emitirlos también las corporaciones locales (ayuntamientos), y si no se emiten dentro de plazo, el requisito podrá acreditarse por otros medios. En el caso de menores extranjeros, la reforma suprime la desestimación automática por silencio administrativo en los procedimientos de autorización de residencia, una garantía adicional para estos expedientes.

Nuevas autorizaciones y plazo ya cerrado

El Real Decreto creó además dos nuevas autorizaciones específicas: una para solicitantes de protección internacional con arraigo, y otra para quienes se encuentran en "arraigo extraordinario" (trabajadores, unidades familiares o personas en situación de especial vulnerabilidad). Ambas exigían acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales, y debían solicitarse en una ventana concreta, del 16 de abril al 30 de junio de 2026, que a fecha de este artículo ya ha finalizado. Quien no pudo acogerse a esa ventana no pierde, en todo caso, la posibilidad de valorar las vías ordinarias de arraigo que siguen vigentes.

Qué hacer si le afecta

Cada expediente de extranjería depende de circunstancias muy concretas: tiempo de permanencia en España, vínculos familiares, situación laboral y antecedentes. Si usted o un familiar puede verse beneficiado por alguno de estos cambios, o tiene dudas sobre qué vía de regularización o reagrupación le corresponde, en Salvador & Warden podemos revisar su caso y explicarle sus opciones con claridad.

Qué ha pasado

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 15 de septiembre el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, que transpone al ordenamiento español la Directiva europea 2019/1152 sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles. La norma entrará en vigor el 5 de octubre de 2026 y amplía de forma notable la información que toda empresa debe entregar por escrito a sus trabajadores, ya sea en el propio contrato o en un documento anexo.

Por qué importa

Hasta ahora, buena parte de estas cuestiones se resolvían de manera informal o quedaban implícitas en el convenio colectivo. Con la nueva norma, la empresa deberá especificar por escrito, entre otros extremos, la causa concreta de la temporalidad cuando el contrato no sea indefinido, el centro de trabajo y la modalidad (presencial, remota o híbrida), un desglose detallado de salario y complementos, la jornada y los posibles turnos u horas irregulares, la duración del periodo de prueba, la formación que la empresa se compromete a facilitar, y —quizá la novedad más comentada— si existen sistemas automatizados de toma de decisiones que afecten a la jornada, las tareas, el salario, la promoción o la extinción del contrato, con explicación de su funcionamiento. Las empresas que envíen trabajadores al extranjero deberán además informar previamente sobre el país de destino, la duración prevista, la moneda de la retribución y los derechos aplicables allí.

Qué supone en la práctica

La obligación afecta a todas las empresas y a los contratos de duración superior a cuatro semanas, con una excepción para el sector marítimo-pesquero. Para los contratos ya vigentes a fecha de entrada en vigor, la empresa dispone de treinta días hábiles desde que el trabajador lo solicite para entregarle la información actualizada; para los contratos nuevos, la información deberá constar desde el primer día. El incumplimiento no es una cuestión meramente formal: puede dar lugar a responsabilidad administrativa y, en caso de conflicto, jugar en contra de la empresa a la hora de acreditar las condiciones realmente pactadas.

Qué hacer si le afecta

Si usted dirige una empresa, es el momento de revisar sus modelos de contrato y, en particular, de auditar si utiliza algún sistema automatizado (de programación de turnos, evaluación del desempeño, asignación de tareas mediante plataforma, etc.) que deba quedar reflejado en la información al trabajador. Si es usted trabajador y tiene dudas sobre si su contrato recoge toda la información exigida, también puede solicitarla formalmente a su empresa.

En Salvador & Warden Abogados podemos revisar su documentación contractual y adaptarla a esta nueva exigencia antes de que entre en vigor, o asesorarle si es trabajador y quiere ejercer sus derechos de información. Contacte con nosotros para valorar su caso concreto.

Qué ha pasado

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en pleno, ha dictado la sentencia 849/2026, de 3 de junio, sobre el artículo 1006 del Código Civil: la norma que regula qué sucede cuando una persona hereda un derecho a aceptar una herencia y muere antes de ejercerlo (el llamado “derecho de transmisión” o ius transmissionis). Desde 2013, el Supremo venía entendiendo que los herederos del transmitente heredaban directamente del primer causante, saltándose a su propio familiar fallecido como eslabón intermedio. Ahora el Tribunal reconoce que aquel criterio generó trece años de inseguridad jurídica y vuelve a la llamada “teoría clásica” o de la doble transmisión: los bienes del primer causante pasan primero al patrimonio del transmitente, y de ahí a sus propios herederos.

Por qué importa

La diferencia no es solo teórica. Con el criterio de 2013, el cónyuge viudo del transmitente podía quedar excluido del reparto de esos bienes, porque técnicamente nunca formaban parte del caudal de su marido o mujer fallecido. Con la vuelta a la doble transmisión, esos bienes sí computan dentro de la herencia del transmitente, lo que significa que su cónyuge viudo recupera su cuota usufructuaria y que el resto de legitimarios del transmitente (normalmente, sus propios hijos) deben ser tenidos en cuenta a la hora de calcular las legítimas.

Qué supone en la práctica

A partir de ahora, cualquier partición hereditaria en la que haya intervenido el artículo 1006 del Código Civil debe contar con la presencia de todos los legitimarios del transmitente, no solo con los transmisarios. Una escritura de partición otorgada sin ellos corre el riesgo de ser rechazada en el Registro de la Propiedad, tal y como ocurrió en el caso resuelto por el Supremo, donde la registradora denegó la inscripción precisamente por esa ausencia.

Qué hacer si le afecta

Si en su familia hay una herencia en la que un heredero falleció sin aceptar ni repudiar, y especialmente si ya se otorgó una partición entre 2013 y ahora, conviene revisar si esa partición podría ser impugnada o si, por el contrario, conviene rehacerla para evitar problemas registrales futuros. También es el momento de valorar, antes de otorgar cualquier escritura pendiente, quién debe firmar para que la partición sea válida desde el primer momento.

En Salvador & Warden Abogados podemos revisar su caso concreto, comprobar si esta sentencia afecta a una herencia familiar en curso y acompañarle en la partición o, si fuera necesario, en su revisión.

Qué ha pasado

El 14 de julio de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, una reforma que, de completar su tramitación parlamentaria, modificará hasta diez normas —entre ellas el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la normativa de Seguridad Social— para reforzar la protección de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género frente a este tipo de violencia, ejercida precisamente a través de los menores.

Por qué importa

La medida más comentada es la suspensión automática de la patria potestad cuando exista condena firme por delitos graves contra los hijos o contra la propia víctima. Pero el proyecto va más allá: permite también que un juez restrinja la patria potestad antes incluso de que exista sentencia firme, si hay indicios fundados de violencia o un procedimiento penal en curso. En materia de custodia, se excluye expresamente la custodia compartida cuando pueda perjudicar el bienestar físico, psíquico o emocional de los menores, y se refuerza el derecho del menor a ser escuchado, con apoyo de especialistas cuando sea necesario en atención a su edad y madurez. En el ámbito penal, la violencia vicaria pasa a considerarse circunstancia agravante por razón de género, y se amplía el concepto de víctima para incluir a hijos, descendientes, menores bajo tutela, personas con discapacidad a cargo y otros familiares.

Qué supone en la práctica

Se trata todavía de un proyecto de ley, no de una norma en vigor: debe completar su tramitación en el Congreso y el Senado, por lo que su contenido definitivo —y la fecha de entrada en vigor— pueden variar respecto al texto aprobado por el Consejo de Ministros. Aun así, es importante que las familias que ya estén inmersas en un procedimiento de separación, divorcio o modificación de medidas con antecedentes de violencia de género conozcan hacia dónde se dirige la reforma, porque puede influir en cómo se plantean ahora mismo las peticiones sobre custodia, régimen de visitas y patria potestad ante los tribunales.

Qué hacer si le afecta

Si usted se encuentra en un procedimiento de familia en el que existan antecedentes de violencia de género o malos tratos hacia los hijos, o si le preocupa cómo puede evolucionar su situación con esta reforma, es recomendable que un abogado especializado valore su caso cuanto antes, tanto para proteger a los menores como para plantear correctamente las medidas que se soliciten ante el juzgado.

En Salvador & Warden Abogados acompañamos a las familias en estos procedimientos con la sensibilidad y la firmeza que requieren. Contacte con nosotros para valorar su caso.

Qué ha pasado

Verifactu es el sistema con el que la Agencia Tributaria quiere garantizar que los programas de facturación que usan empresas y autónomos generan registros verificables, trazables e inalterables, remitidos —o disponibles para su consulta— por Hacienda. El calendario original preveía su obligatoriedad desde el 1 de enero de 2026 para sociedades y desde el 1 de julio de 2026 para autónomos y profesionales. Sin embargo, el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, publicado en el BOE, aplazó por segunda vez estas fechas: las sociedades quedan obligadas desde el 1 de enero de 2027 y los autónomos y profesionales desde el 1 de julio de 2027.

Por qué importa

Muchas empresas y asesorías llevaban meses preparándose para cumplir dentro del calendario original de 2026, y este nuevo aplazamiento —el segundo tras el que ya se produjo respecto a la fecha inicial de mediados de 2025— genera cierta confusión sobre qué es exigible y cuándo. Conviene tener claro que la obligación no ha desaparecido, solo se ha retrasado: los sistemas informáticos de facturación deberán cumplir los requisitos de Verifactu (huella o “hash” que garantice la integridad del registro, código QR, posibilidad de remisión inmediata a la Agencia Tributaria) antes del nuevo plazo, y las facturas emitidas fuera de un sistema conforme podrán no tener validez frente a Hacienda una vez la obligación entre en vigor.

Qué supone en la práctica

Para las empresas que ya han adquirido o adaptado su software de facturación conforme a Verifactu, el aplazamiento no supone ningún problema: pueden seguir utilizándolo con normalidad y llegarán sobradamente preparadas. Para quienes aún no habían empezado a adaptarse, el año adicional es una oportunidad para hacerlo sin las prisas de última hora que suelen generar errores, elegir con calma el proveedor de software adecuado y revisar, de paso, otras obligaciones conexas como la futura factura electrónica obligatoria entre empresas (B2B), que avanza por una vía normativa distinta y con sus propios plazos.

Qué hacer si le afecta

Si dirige una empresa o es usted autónomo, le recomendamos no esperar al último trimestre de 2026 para empezar a preparar la adaptación, y comprobar con su proveedor de software o su asesoría si el sistema que utiliza actualmente está certificado o en vías de estarlo conforme a los requisitos de Verifactu.

En Salvador & Warden Abogados asesoramos a empresas y autónomos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y mercantiles, incluida la adaptación a Verifactu y a la facturación electrónica. Contacte con nosotros para valorar su caso.